La Fundación Surtigas, fundación empresarial de la Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P., busca fortalecer la relación entre la empresa y la comunidad mediante la facilitación del diálogo con sus grupos de interés y la articulación intra e intersectorial, con lo cual se ha logrado una transformación social en las comunidades y los territorios en donde opera la empresa.

Los indicadores de gestión de la Fundación reportan un presupuesto para inversión social de $ 14.302 millones, el cual se dividió entre cuatro departamentos y 78 municipios, a saber: Antioquia (cinco municipios), Córdoba (29 municipios), Sucre (diecinueve municipios) y Bolívar (25 municipios). En estos territorios, se adelantaron treinta proyectos relacionados con temáticas como educación (seis proyectos), empleabilidad y generación de ingresos (trece proyectos), y fortalecimiento del tejido social (once proyectos). De acuerdo con la Fundación, estos proyectos han dejado 14.673 beneficiarios directos y 188.956 indirectos. La agenda de responsabilidad social de la Fundación incluye acciones de mantenimiento y de construcción de paz.

Dentro de la línea de empleo y generación de ingresos, la Fundación creó el programa de Jóvenes con Valores Productivos (JVP), cuyo objetivo era facilitar la inclusión social y laboral de los jóvenes y ayudarles a definir sus proyectos de vida, así como generar capacidades para el autoempleo. Primero, el programa se desarrolló con microcréditos y fortalecimiento de unidades de negocio, y después se implementó la inserción al mercado laboral. Gracias a la alianza con CHF International y a la estrategia del Gobierno nacional Colombia Responsable, el programa JVP extendió su cobertura a municipios altamente afectados por el conflicto armado, como lo fue Montes de María (Sucre y Bolívar). Así mismo, en varios municipios se formaron jóvenes –en su mayoría víctimas del desplazamiento forzado– para su inclusión laboral en las empresas que estaban contratando mano de obra local.

La Fundación ha suscrito 311 alianzas estratégicas con ONG, entidades públicas, academia, empresas, agencias de cooperación, organizaciones de base (ODB), redes y el Gobierno nacional, entre otros actores. Las alianzas han jugado un rol crucial en el desarrollo de proyectos como la Recuperación Socioeconómica de Personas en Situación de Desplazamiento y Vulnerables en Sincelejo (Sucre) y de las personas integrantes del Consejo Comunitario Afrocolombiano de la Unidad Comunera en Islas del Rosario, Cartagena (Bolívar), con un enfoque etario a favor de los jóvenes.

La Corporación Tecnocentro Somos Pacífico tiene como objetivo construir paz y convivencia en el barrio Potrero Grande, sector que fue gravemente afectado por la violencia y la exclusión en Cali (Valle del Cauca). Se busca desarrollar capacidades y talentos en 2.500 niños, niñas, jóvenes y adultos habitantes de esta comuna.

En el Tecnocentro, se imparten programas de danza, arte, música y tecnología orientados a la buena y sana ocupación del tiempo libre y a la generación de ingresos para el cambio de vida de los jóvenes y sus familias. Se busca aumentar la capacidad operativa de la agencia, formar a artistas en herramientas para el manejo adecuado de sus proyectos artísticos, implementar talleres formativos en técnicas artísticas, desarrollar intercambios culturales para el fortalecimiento de los emprendimientos y fortalecer las condiciones técnicas de los espacios de producción Somos Pacífico, entre otros objetivos.

Fuente: Romero Amaya, M. C. (ed.). 2017. Fundaciones, Inversión Social y Desarrollo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

La empresa creó un sistema de fundaciones a través del cual busca apoyar el desarrollo sostenible con recursos propios y de aliados, tanto nacionales como internacionales, que se puedan invertir en proyectos de desarrollo regional. Por ejemplo, el propósito de la empresa con la FCFI es generar medios y proyectos alternativos que permitan aprovechar los recursos generados por sus riquezas mineras. Es así como la FCFI vela por una mejor inversión social de las regalías y otros recursos locales, y por facilitar el acceso a la justicia.

Mediante diferentes pactos de transparencia entre la FCFI y las alcaldías, en el marco del Proyecto Presidencial de Anticorrupción, se diseñaron metodologías para aumentar el impacto social de las inversiones públicas. Se trabaja de forma conjunta con veedores y ciudadanos en la participación ciudadana para que se haga seguimiento autónomo a la inversión social regional. Igualmente, se fortalece su capacidad de interlocución con el sector público y se facilita el acceso a los recursos. La FCFI también promueve mejores prácticas de gestión, fortaleciendo el capital humano de las entidades públicas a través de la capacitación y la asistencia técnica en áreas como la planeación, el presupuesto y la contratación pública.

Aunado a lo anterior, la FCFI creó la Casa de Justicia Regional para facilitar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos, y promovió el modelo ciudadano de prevención y atención de conflictos. Esto es un claro ejemplo del trabajo cooperativo entre la empresa, los gobiernos local, regional y nacional, y la comunidad.

En el Cañón de Las Hermosas, en Tolima, donde históricamente las FARC han tenido presencia, Isagén inició la construcción de uno de los proyectos energéticos más importantes del país, como lo es la hidroeléctrica del río Amoyá-La Esperanza. La Asociación de Las Hermosas con Desarrollo al Futuro (Asohermosas), organización creada por las veredas del corregimiento como su representante, tomó acciones encaminadas a favorecer el diálogo entre Isagén, las FARC, el Ejército y el Gobierno nacional. En medio de las dificultades y la desconfianza de la comunidad, el control territorial de las FARC, los abusos del Ejército contra los habitantes de la zona, y los enfrentamientos armados por el recrudecimiento de la guerra, se evidenció la necesidad de crear la Mesa de Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos. En ese contexto, Isagén proveyó la logística y los recursos necesarios para el funcionamiento de estos mecanismos. Sin embargo, la empresa no ha tenido participación directa en la Mesa, excepto su asistencia como observador.

Ambos mecanismos surgen para dar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del proyecto y garantizar la seguridad de la comunidad, lo que permite denunciar las violaciones de derechos humanos y generar un espacio de diálogo y consenso. La Mesa cuenta con la participación del defensor del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, alcaldes locales y gobernadores, organizaciones de derechos humanos y comandantes de la Fuerza Pública.

La existencia de la mesa y del observatorio fue un factor definitivo para disminuir los abusos de la fuerza pública contra la población civil, así como para generar confianza entre las fuerzas legítimas del Estado y las comunidades, lo cual redundó en mejores condiciones de seguridad.

El proyecto ha permitido el aumento de la participación comunitaria y la llegada del Estado al territorio. También se han concertado diversos proyectos sociales y la financiación de un Plan de Desarrollo para la región. Es así como la empresa, a través de la creación de un espacio para el diálogo y el fortalecimiento de la institucionalidad, ha contribuido a la seguridad del entorno y, por lo tanto, a la construcción de paz.

En el año 2014, en Kenia, Phillips Healthcare Services Ltd. se unió al organismo multilateral Business Call to Action y adquirió el compromiso de suministrar polvo de micronutrientes (MNP, por su sigla en inglés) a menores de escasos recursos entre seis y 56 meses de edad, puesto que las deficiencias de micronutrientes en los niños se ha convertido en uno de los problemas de mayor magnitud en esa región de África. En Kenia, la anemia por deficiencia de hierro afecta al 69 % de los niños menores de 5 años y la deficiencia de vitamina A afecta al 84 % de estos niños. En todo el país, el 35 % de los menores de 5 años tiene retraso en el crecimiento, el 7 % sufre de pérdida de peso y el 16 % tiene bajo peso.

Cabe resaltar que muchos de los programas financiados por donantes de MNP no pueden asegurar su continuidad, por lo que PHSL eligió un enfoque de negocios diseñado para mejorar la sostenibilidad, de tal forma que para 2018 tiene como objetivo proveer a 150.000 niños con MNP.

Dado que la accesibilidad es el éxito de la iniciativa, la parte más importante del negocio es la distribución y el MNP alcanza el mercado a través de dos canales. El primero son las instituciones, que proveen a niños entre seis y 23 meses de edad, y en este caso el cliente suele ser el Gobierno, que provee a los niños sin costo alguno. El segundo canal es el mercado privado, que se encarga de proveer a los niños mayores y ha asegurado la asequibilidad para los cuidadores.

Fuente: http://phsl.co/downloads/BCtA_Casestudy_PHSL.pdf

Tejido social y cultura de paz. El proyecto Utopía de la Universidad de La Salle busca la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de zonas rurales que han sido afectadas por la violencia. Por medio del proyecto se ha logrado una convivencia permanente, pacífica y fraternal entre jóvenes influenciados ideológicamente por grupos armados ilegales como las guerrillas o los paramilitares. La Universidad busca materializar un parque agrotecnológico investigativo, educativo y social que aporte a la construcción de paz y que, a su vez, permita la cohesión y la transformación del mundo rural, facilitando los procesos de reconciliación social y democratización del país. Los objetivos del programa están relacionados de forma directa con los principios corporativos de la Universidad, y le ha significado reconocimientos como el Premio Nacional de Solidaridad de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 2016, el Premio de Buenas Prácticas de Gestión en Universidades Colombianas de la Fundación Internacional en 2015 y el Premio Emprender Paz en 2013, entre otros. ^{[ 10 ]}

Gobernanza y fortalecimiento institucional. “Por el derecho a la educación de calidad”, un proyecto liderado por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, es un ejemplo de APP que propende al fortalecimiento institucional de tres municipios no certificados de la zona de influencia de la empresa Riopaila Castilla, a saber: Florida, Pradera y Zarzal (Valle del Cauca). En el marco del proyecto, se hizo acompañamiento técnico a las administraciones públicas y a las comunidades educativas locales para que formularan de forma participativa e incluyente la política pública educativa de cada municipio. Así mismo, se hicieron capacitaciones en temas de planeación municipal, gestión pública y planes de desarrollo. El proyecto, además de traerle a Riopaila Castilla una reputación positiva a nivel institucional y de mejorar el relacionamiento con los grupos de interés de las zonas de influencia, fue objeto de reconocimiento nacional al obtener el Premio Nacional de Responsabilidad Social Comfamiliar 2013.

Seguridad. Energía para la Paz, desarrollado por la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), es un programa de desminado en algunas de las zonas de influencia de la empresa que están atravesadas por la construcción de la línea de transmisión Tesalia-Alférez. El programa, además de llevar energía a las zonas que no cuentan con este servicio, contribuye a garantizar la seguridad de la comunidad y a mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, el programa interviene los municipios de Planadas, Río Blanco y Pradera, territorios que históricamente han estado afectados por el conflicto armado y las minas antipersonal. Si bien es cierto que el programa se encuentra en fase de planeación, la EEB ha logrado consolidar una estrategia de relacionamiento que garantiza la seguridad a sus empleados y a la comunidad local, al tiempo que ha contribuido en la consecución de la licencia social de operación. ^{[ 11 ]}

Responsabilidad social y derechos humanos. El proyecto “Modelo de intervención integral socioproductivo” de la Fundación Cerro Matoso busca promover el desarrollo social del Alto San Jorge (Córdoba), una región históricamente afectada por el conflicto armado que, a su vez, forma parte de la zona de influencia de la empresa Cerro Matoso. El proyecto se implementa por medio de tres líneas de acción: i) educación, en la que se facilita el acceso y la gestión de las instituciones educativas; ii) autogestión comunitaria, con el fortalecimiento de una red de jóvenes; y iii) desarrollo económico, a partir del programa para la generación de ingresos y reducción de la pobreza en comunidades rurales azotadas por la violencia en la zona. La implementación del proyecto le ha permitido a Cerro Matoso establecer un relacionamiento comunitario que ha facilitado la estabilidad de la operación de la empresa en el territorio, lo cual se ha reflejado en el aumento de la participación activa de la comunidad y en la disminución de la protesta social frente a la actividad de la empresa. ^{[ 12 ]}

Artesanías de Colombia: apoyo y fortalecimiento a comunidades y grupos étnicos en Colombia

Este es un proyecto de inversión nacional, formulado y desarrollado con el objetivo general de: “Promover el fortalecimiento de las tradiciones culturales asociadas a la actividad artesanal y el fortalecimiento de la artesanía como alternativa productiva en las comunidades indígenas, rom y afrodescendientes de Colombia”. Los grupos étnicos colombianos actualmente afrontan una pérdida de la memoria de los oficios y las técnicas tradicionales, al igual que de los referentes culturales asociados a la actividad artesanal. Además, algunos grupos presentan dificultades para comercializar sus artesanías y en su encuentro con las lógicas de mercado.

La pérdida de la memoria de los oficios y las tradiciones se ha dado a partir de los procesos de desarraigo territorial, del desinterés de los jóvenes, de la dificultad para acceder a las materias primas y de los cambios en las dinámicas socioculturales. Junto a esto, los artesanos expresan una gran preocupación por que las generaciones más jóvenes aprendan los oficios artesanales y así evitar que se sigan perdiendo. En cuanto a los obstáculos en la comercialización, se han identificado que son consecuencia de aspectos como la distancia geográfica, las diferentes concepciones sobre la producción o el dinero, las dificultades específicas a lo largo de la cadena de valor, la falta de espacios comerciales, la competencia y la participación de intermediarios en la venta de sus artesanías.

Mención especial merece Nicanor Restrepo Santamaría como empresario vinculado a la búsqueda de la paz en Colombia. Durante treinta años predicó las virtudes de tener un país en paz y puso todo su empeño en lograr salidas negociadas al conflicto armado. Hizo presencia en diferentes instancias relacionadas con negociaciones de paz. En el gobierno de Betancur, fue parte de la Comisión de Verificación en el proceso con las FARC e hizo presencia en los diálogos con el EPL. En 1999 fue miembro del primer equipo negociador del gobierno Pastrana en el proceso del Caguán con las FARC. Por último, respaldó sin vacilación alguna las negociaciones de La Habana.

Como empresario fue el gran líder del Sindicato Antioqueño durante más de dos décadas. Un estratega empresarial que logró una expansión considerable de este grupo económico tanto en Colombia como en Latinoamérica. Hoy se conoce a este conglomerado empresarial como el Grupo Empresarial Antioqueño – GEA.

Al finalizar su vida corporativa, decidió adelantar estudios doctorales en sociología en París. Y a pesar de su retiro del mundo de los negocios, su ascendencia en el sector privado nacional siguió siendo vigorosa. Fue respetado y admirado por los más disimiles sectores.

Como gran visionario, respaldó el compromiso empresarial con la construcción de paz y una relación ética de las compañías con la sociedad. Lo hizo por dos motivos: por su convencimiento como humanista y por su visión como gran estratega de negocios.

Alias Joaquín Gómez, negociador de las FARC en el proceso de paz del Caguán, manifestó en alguna oportunidad que si todos los empresarios del país fueran como Nicanor Restrepo, el país sería otro, para bien. No le faltó razón.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en 2014, los empresarios en Colombia consideran que tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC se logrará:

• Aumentar la inversión extranjera directa: 85 %

• Acelerar el crecimiento económico: 72 %

• Incrementar las ventas de sus empresas: 57 %

• Reducir el nivel de pobreza del país: 55 %

• Mejorar la distribución del ingreso: 47 %

De igual manera, los empresarios consideran que la desmovilización de los miembros de las FARC y el ELN generará:

• Mejoría en la seguridad de las áreas rurales: 69 %

• Reducción en las acciones terroristas: 61 %

• Mejoría en la seguridad de las ciudades: 50 %

• Reducción en la extorsión: 47 %

Es decir, la mayoría de los empresarios en Colombia considera que la firma del acuer-do de paz generará beneficios económicos tanto para el país en su conjunto –crecimiento económico, reducción de la pobreza, mejora en la desigualdad–, como para la empresa a nivel individual –incremento en las ventas, reducción de la extorsión, mejora en la seguridad–.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2015)

Se debe diferenciar la gobernanza de un concepto cercano como la gobernabilidad. Esta última es una decisión vertical (desde arriba hacia abajo), con la que el Estado hace uso de sus recursos para promover su solución a problemáticas políticas, económicas, sociales y ambientales. Consiste en evaluar las estructuras y el funcionamiento de las instituciones, con el propósito de que una sociedad se gobierne de manera cada vez más eficiente.

Las estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas se materializan por medio de inversiones sociales. “Inversión social es el término comúnmente utilizado para describir la práctica de hacer contribuciones voluntarias, financieras y no financieras, que ayudan a las comunidades locales y a las sociedades más amplias frente a sus necesidades de desarrollo” (Chávez et al., 2012, p. 9).

A su vez, las empresas ejecutan sus inversiones sociales por medio de distintas modalidades, que pueden ser clasificadas de acuerdo con la capacidad que tengan para crear valor económico, social o compartido. Más exactamente, en un modelo denominado Continuo Organizacional, la Secretaría para los Principios de Inversión Social de la ONU identifica las siguientes modalidades de inversión social:

• Gestión responsable: Actividad que genera beneficios económicos, sociales y/o ambientales para diferentes stakeholders vinculados a su cadena de valor y/o mitiga los impactos de su operación.

• Negocio inclusivo: “Los negocios inclusivos son iniciativas empresariales económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, que en una lógica de mutuo beneficio incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y mejoran su calidad de vida”. ^{[ 8 ]}

• Negocio social: Estrategia por medio de la cual se crea o se impulsa un emprendimiento con objetivos eminentemente sociales, de los cuales no se espera una rentabilidad mayor que aquella necesaria para ser autosostenible.

• Inversión en comunidades: Inversión financiera o contribución en especie dirigida generalmente a la comunidad del entorno de operación, con el propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico.

• Proyecto filantrópico: Acción por medio de la cual se contribuye a la realización de una causa de carácter social con la entrega voluntaria de recursos privados a favor de grupos sociales generales.

La creación de valor compartido es un enfoque de inversión social que cubre varias de las modalidades descritas. Así, por ejemplo, la definición de negocio inclusivo incluye la noción de creación de valor compartido al dejar explícita la lógica de mutuo beneficio. Parte de la gestión responsable se basa en la innovación técnica que permita reducir el consumo de recursos naturales en los procesos de producción y, con ello, también los costos totales y los conflictos sociales con las comunidades locales y la sociedad en general. Quizá la única modalidad de inversión social que encuentra serios problemas para crear valor compartido son los proyectos filantrópicos, pues por definición están más interesados en la creación de valor social que de valor compartido.

En suma, en la Guía hemos optado por el valor compartido como eje estructurador de la construcción de paz desde el sector empresarial –en vez de alguna de las modalidades de inversión social–, ya que el principio incluye varias de las modalidades descritas.

Fuente: Romero y Pérez (2016)

En diciembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1819 de 2016, más conocida como Ley de Reforma Tributaria. Además de cambios estructurales al sistema tributario, el aumento del IVA y la penalización a los evasores, la ley incluye beneficios tributarios para los empresarios que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica del país por medio de la operación de nuevas empresas en las zonas más afectadas por el conflicto armado –o ZOMAC, en la terminología gubernamental–.

De igual manera, la ley creó un mecanismo denominado “Obras por Impuestos”, que permite a los empresarios pagar parte de su impuesto de renta y complementarios mediante la ejecución de “proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC”, previo acuerdo con entidades del Estado. Las “obras por impuestos” deben estar relacionadas con el suministro de agua potable, el alcantarillado, la provisión de energía, la salud pública, la educación pública o la construcción y/o reparación de infraestructura vial.

Fuente: Ley 1819 de 2016, Parte XI

Todas aquellas personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas por alguna de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que puedan alterar o que alteren drásticamente el orden público.

Fuente: Congreso de la República (18 de julio de 1997) Artículo 1 Ley 387 de 1997