En sus dos siglos de vida republicana, Colombia ha padecido un buen número de confrontaciones armadas internas motivadas por la política y la búsqueda del poder. Solo en el siglo XIX se cuentan catorce guerras civiles. El siglo XX despuntó con la Guerra de los Mil Días, que devastó al país dejando alrededor de 150.000 muertos, una economía en ruinas y la pérdida de Panamá.
Luego de esta tormenta de destrucción, hubo un periodo de razonable calma, en medio de profundas transformaciones sociales y económicas, desde mediados de la primera década del siglo XX hasta bien entrada la década de 1940, cuando se volvió a encender la chispa de la violencia entre los partidos Conservador y Liberal, lo cual condujo al estallido de muerte y barbarie del 9 de abril de 1948 tras el asesinato del candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán.
Esta fecha pasó a la historia como El Bogotazo, pues se vivió un infierno en la capital –solo allí murieron alrededor de 5.000 personas–. A partir de este día, inicia un periodo de diez años de abierta confrontación armada que involucró a esos dos partidos, al Estado y a grupos de bandoleros. Esta época es conocida como La Violencia, y se estima que pudo haber dejado cerca de 300.000 muertos, así como centenares de miles de desplazados y despojados.
Como producto de La Violencia, naciendo de su seno, a mediados de la década de 1960 surge la lucha guerrillera contra el Estado, la cual ha marcado la vida nacional desde entonces con más de cincuenta años de guerra, y que en sus últimos treinta años sumó como un tercer actor a los grupos de autodefensa o paramilitares.
Esta guerra, que si bien –en términos generales– ha sido de baja intensidad, ha dejado estragos enormes: de acuerdo con el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el conflicto armado ha tenido un saldo de 218.000 muertos, de los cuales el 18,5 % (cerca de 40.500) corresponde a combatientes y el 81,5 % restante (alrededor de 177.600), a civiles. A su vez, ha dejado: 40.000 secuestrados (solo entre 1970 y 2015); cerca de ocho millones de desplazados según la Red Nacional de Información; centenares de miles de personas extorsionadas; daños permanentes a la infraestructura nacional con un costo astronómico para las finanzas públicas; un gasto gubernamental muy elevado en seguridad y defensa; y el abandono a su suerte de prácticamente medio país.
Medio siglo que ha signado el espíritu de la nación, siendo el lastre más pesado con que hemos cargado como sociedad en las últimas décadas y que ha implicado que no se hayan destinado recursos y energías suficientes para atender otros apremiantes problemas de la sociedad colombiana.
Lo que parecía una quimera, pues los repetidos esfuerzos habían fracasado, ahora es una realidad inobjetable: el conflicto armado interno llegó a su fin. Por un lado, las FARC ya no existen como guerrilla armada y protagonista de primer orden de la violencia en Colombia. Están en proceso de reinserción a la vida civil y cualquier proyecto político que tengan lo desarrollarán dentro de los límites democráticos y legales, pacíficamente. No sobra recordar que esta guerrilla ha sido la más fuerte organización armada que ha combatido al Estado en las últimas décadas, además de ser responsable de mucha destrucción humana, social y económica.
La vida de la nación y de las comunidades sin la existencia de las FARC será algo tremendamente novedoso y que sin duda reportará enormes alivios y beneficios. Una prueba de estos beneficios es la cesación de su actividad armada desde hace ya más de un año. El Hospital Militar de Bogotá, que por mucho tiempo no dio abasto atendiendo a soldados heridos y mutilados, en diciembre de 2016 solo contaba con un soldado herido en combate.
Para completar el cuadro, actualmente se adelantan negociaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz que también signifique el fin de este grupo armado ilegal. Existe la posibilidad de que este proceso termine bien, y de ser así, se cerraría el capítulo de la guerra insurgente en Colombia, lo que marcaría un hecho trascendental en la historia de nuestra nación.
Un nuevo país está despuntando, libre de una buena parte de la violencia que hemos padecido, en el cual muchos dejarán de morir y sufrir por cuenta de una guerra obsoleta e inútil, pero que ha sido terca y persistente. Este nuevo escenario que se abre para la sociedad colombiana trae un gran alivio humano y una infinidad de oportunidades en todos los órdenes, al igual que muchos retos, desafíos y riesgos que deben ser afrontados para que la paz se consolide y podamos dar un paso adelante como nación civilizada.
Es bueno recordar que a este avance hacia la paz hemos llegado luego de tres décadas de esfuerzos y que también hemos tenido varios procesos de paz exitosos, los cuales son fuente de aprendizajes que serán de mucha utilidad, tanto por sus aciertos como por sus errores. El Estado colombiano ha llegado a acuerdos de paz con las guerrillas del M-19 en 1990, el Ejército Popular de Liberación, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1991, y la Corriente de Renovación Socialista, facción del ELN, en 1994, además de otros grupos pequeños.
En todo este tiempo, en toda esta historia, los empresarios del país han estado presentes, afectados por el conflicto armado, tomando medidas para que a pesar de la violencia puedan operar o hacer esfuerzos como miembros de la sociedad civil para ponerle fin a la guerra.