Las mayores afectaciones en el marco del conflicto armado tuvieron como escenario las zonas rurales del país. Allí, los grupos armados ilegales desplegaron sus repertorios de violencia contra la población civil e implementaron estrategias que les permitieron controlar el orden social de las poblaciones. No obstante, en razón de la existencia de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, millones de personas han migrado hacia las zonas urbanas del país, de modo que allí también se pueden hacer contribuciones a la paz mediante la inclusión de la población prioritaria en los procesos empresariales.
El fin del conflicto armado, per se, no implica el fin de la violencia, como tampoco implica un desarrollo institucional y económico vertiginoso. Estas son tareas del periodo de posconflicto en el que entra el país; y de hecho, como lo refleja el Índice de Riesgo construido por la Fundación Paz & Reconciliación, existen variables que, al no ser tomadas en cuenta por el Estado y otros actores, pueden configurar amenazas reales en torno a la repetición de la violencia en las zonas rurales. Las zonas rurales se caracterizan por tener altos índices de vulnerabilidad institucional y económica. Esto hace que las afectaciones por la violencia tengan mayor impacto, dado que existe una baja capacidad de respuesta de las autoridades para proveer servicios a sus ciudadanos; pero también la posibilidad de generar recursos económicos se pone en vilo por la existencia de economías de guerra como la minería ilegal y el narcotráfico.
Las empresas, en su ánimo por apoyar la construcción de paz, pueden tomar como referentes estos mapas para identificar las zonas que presentan más necesidades y en donde las acciones de paz pueden tener mayor impacto. Esto permite focalizar los esfuerzos empresariales en aquellas zonas donde la institucionalidad requiere de apoyo para cumplir sus funciones, donde la ciudadanía debe ser reconstruida y donde las comunidades esperan disfrutar de las “victorias tempranas de la paz”.