Cañón del Chicamocha (Santander)@ungabrielmas
Dimensión de seguridad
Uno de los retos principales y más inmediatos del posconflicto es conservar la seguridad, entendida como la ausencia de amenazas a los valores adquiridos bien sean materiales o inmateriales. En Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco del conflicto armado han muerto 220.000 personas, se han perpetrado 1.982 masacres, y ha habido 39.058 personas víctimas de secuestro, 11.418 víctimas de minas y 60.630 víctimas de desaparición forzada.
Estas cifras reflejan que la principal víctima del conflicto armado colombiano ha sido la población civil. Las confrontaciones armadas han llevado al deterioro del tejido social, han generado incertidumbre en cuanto a las garantías de seguridad para el ejercicio de la ciudadanía, y han causado perjuicios morales y materiales para más de ocho millones de colombianos.
Enfoques de la seguridad
La seguridad está compuesta por tres enfoques: seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana.
La seguridad pública es la ausencia de amenazas para el Estado, en la que existe una baja probabilidad de afectación a los valores que este representa. Esta seguridad concierne a la protección de los valores propios del Estado y se ocupa de los perjuicios a “[…] la estabilidad institucional, el orden constitucional, la defensa del territorio o de recursos estratégicos que son escasos o van a serlo”. Estas amenazas son, ante todo, violentas y se concretan en fenómenos como los conflictos armados internos y externos, el narcotráfico y la delincuencia en general.
La seguridad ciudadana tiene a la persona como su fin. Se refiere a la protección de derechos y libertades individuales o –más específicamente– a la protección de un “[…] núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material [y el] derecho a tener una vida digna”.
Por último, la seguridad humana centra su atención en la seguridad de las personas, las comunidades y las poblaciones. Los valores que protege se concretan en siete dimensiones de la vida humana: la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la integridad personal, la vida comunitaria y la política.
Un conflicto armado afecta directamente los valores, materiales e inmateriales, que recogen los tres enfoques de la seguridad. Al finalizar las acciones armadas, los Estados enfrentan una serie de retos con miras a garantizar niveles de seguridad óptimos para la ciudadanía, los cuales deben permitir dos cosas: i) que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos de vida sin amenazas latentes; y ii) que la ciudadanía reconstruya los vínculos de confianza con el Estado que fueron afectados a lo largo de años de violencia.
¿Cómo pueden las empresas contribuir a la construcción de paz desde la dimensión de seguridad?
Las empresas pueden coadyuvar al Estado en los retos que trae el fin del conflicto armado en materia de seguridad. A continuación, se presentan tres líneas de acción que pueden ser tenidas en cuenta:
Generación de oportunidades laborales para los excombatientes. Al finalizar un conflicto armado, debe garantizarse cierto grado de estabilidad económica para aquellos que participaron directamente en las confrontaciones, por dos razones: i) es un camino para la reintegración y la reconstrucción del tejido social; y ii) evita que otras expresiones de violencia armada, como el crimen organizado, recluten a los antiguos combatientes.
Apoyo a procesos de resolución pacífica de conflictos. La conflictividad social suele aumentar con la finalización de los conflictos armados. Esto impacta en los territorios, pues no permite garantizar un ambiente de seguridad en el que se puedan entablar relaciones sociales duraderas, ni proyectos sociales que beneficien a las comunidades. Las empresas pueden apoyar procesos de resolución pacífica de conflictos en las comunidades, y de iniciativas que promuevan la convivencia pacífica en los territorios para eliminar la violencia de las relaciones sociales, con miras a crear ambientes seguros para la realización de proyectos sociales y económicos que beneficien al país.
Promoción de iniciativas en construcción de ciudadanía. La reconstrucción de las relaciones del Estado con la población pasa por cambios en los enfoques de seguridad. No puede ser entendida exclusivamente como el uso de fuerza ejercido por los aparatos estatales, sino que debe propender a la construcción de ciudadanía. En este caso, las empresas pueden apoyar las iniciativas de los gobiernos local y nacional para reformar las miradas de seguridad, y pueden fortalecer las capacidades sociales y organizacionales para mejorar la seguridad a través de la inclusión de la población.
¿Por qué las acciones de la dimensión de seguridad contribuyen a la construcción de paz?
La construcción de paz, en el marco de la finalización de un conflicto armado, implica garantizar condiciones de seguridad que permitan llevar a cabo iniciativas de reconstrucción del tejido social y de un ambiente que favorezca el ejercicio pleno de la ciudadanía. En este sentido, las acciones descritas con anterioridad son un aporte desde el sector empresarial para que, a través de un trabajo conjunto con las comunidades, el gobierno local y otros actores clave, se puedan reducir los riesgos de violencia asociada al posconflicto.
Las acciones expuestas tienen dos objetivos: i) reducir la posibilidad de caer nuevamente en la violencia; y ii) hacer frente a la posibilidad de un aumento de la conflictividad social en los municipios afectados por el conflicto armado. Si las empresas logran trabajar en estas líneas de acción junto con la población y las autoridades locales, se pueden conformar ambientes seguros que permitan el desarrollo social y comunitario.
