Talleres de Carbones del Cerrejón (La Guajira)@oiperezhoyos
Dimensión socioeconómica
La consecución de una paz estable y duradera depende en gran medida de la capacidad que tenga el país para garantizar oportunidades de generación de ingresos a las víctimas de la violencia y a los excombatientes de los grupos armados ilegales, así como de promover el desarrollo económico y social de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
La dimensión socioeconómica especifica una serie de acciones por medio de las cuales las empresas pueden ayudar a superar estos retos y, por lo tanto, contribuir a la construcción de paz en el país. Dichas acciones están relacionadas con la creación de empleo y con la mejora en la empleabilidad de la población prioritaria del posconflicto, la inclusión de grupos vulnerables en la cadena de valor, la operación empresarial en las zonas de alto riesgo y la realización de inversiones sociales a favor de las poblaciones y las regiones más vulnerables.
El posconflicto es una oportunidad única para el desarrollo integral del país
Colombia es un país con diferencias socioeconómicas profundas entre sus territorios. Por un lado, están los departamentos con niveles de calidad de vida no muy distantes de los presentados en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Caldas, por ejemplo–, y por otro lado, existen departamentos con grandes necesidades económicas que los asemejan a territorios desfavorecidos de África –Chocó, La Guajira, Putumayo, Vichada, Guainía y Vaupés–. Las desigualdades en el nivel de desarrollo también se encuentran en el interior de cada departamento, de manera que en ellos puede haber al tiempo municipios relativamente ricos y municipios relativamente pobres, como ocurre por ejemplo en el Valle del Cauca con Cali y Buenaventura o en Antioquia con Medellín y Vigía del Fuerte.
El país también sufre de una profunda desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el séptimo país con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, solo superado en Latinoamérica por Honduras. Así mismo, el 1 % de los propietarios posee más del 50 % de las tierras en Colombia, hecho que ayuda a entender por qué el país es uno de los más desiguales del mundo.
Por si fuera poco, el conflicto armado afectó más a las zonas rurales que a las urbanas, de modo que empobreció a unas poblaciones ya empobrecidas. Esto ha dado como resultado que las víctimas del conflicto armado –en especial las víctimas de desplazamiento forzado– se hayan convertido en los más pobres entre los pobres, quienes alimentan los cinturones de miseria de las principales ciudades del país.
La firma del acuerdo de paz con las FARC abre una oportunidad única para que Colombia se desarrolle de manera integral y definitiva. El posconflicto significa, entre otras cosas, la posibilidad de realizar inversiones y operaciones en mercados históricamente precarios y aislados de los principales circuitos económicos, así como la posibilidad de incluir dentro de los procesos productivos a las poblaciones más pobres y vulnerables, en especial a las víctimas y a los excombatientes.
¿Cómo pueden las empresas contribuir a la construcción de paz desde la dimensión socioeconómica?
Implementación de programas de empleabilidad para poblaciones prioritarias del posconflicto. La empleabilidad hace referencia a las posibilidades que tiene una persona de encontrar empleo. Los factores que la determinan son los años de escolaridad, la experiencia laboral, las habilidades blandas (comunicación, creatividad, trabajo en equipo) las redes de contacto y las necesidades específicas del mercado, entre otros. Las empresas pueden contribuir a la paz por medio de la implementación de programas que mejoren las posibilidades de inserción laboral de las víctimas de la violencia y/o de los excombatientes de los grupos armados ilegales. Las empresas suelen apoyar este tipo de iniciativas para fortalecer perfiles laborales que son demandados por ellas mismas o por el sector económico en el cual desarrollan sus actividades.
Creación de empleo para grupos prioritarios. El año 2016 cerró con una tasa de desempleo de 9,2 %. Esto quiere decir que no encontraron empleo nueve de cada 100 personas mayores de 12 años que estaban disponibles y dispuestas a trabajar. El desempleo tiende a afectar en mayor grado a ciertos grupos vulnerables como jóvenes, adultos mayores, mujeres, comunidades étnicas y víctimas de la violencia, entre otros, quienes pueden afrontar tasas de desempleo que duplican o triplican el promedio nacional. Las empresas pueden contribuir a la construcción de paz por medio de la creación de empleo para las víctimas y los excombatientes, todavía más si las oportunidades laborales están dirigidas a los perfiles vulnerables.
Inclusión de grupos prioritarios dentro de su cadena de valor. La cadena de valor es el conjunto de procesos que una organización ejecuta para generar valor agregado (es decir, obtener una diferencia positiva entre sus ingresos y sus costos). En las cadenas de valor de las empresas, existen actores internos y externos que forman parte de los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las empresas pueden contribuir a la paz incluyendo dentro de su cadena de valor a víctimas y a excombatientes, ya sea como proveedores de insumos y materias primas o como distribuidores o consumidores de sus bienes y servicios finales.
Operación empresarial en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La localización de una empresa en un territorio específico genera impactos económicos (algunos positivos y otros negativos). Por un lado, crea empleo directo e indirecto para los habitantes del territorio, y por otro lado, realiza compras en los establecimientos locales. Por medio de ambas acciones inyecta recursos que dinamizan el mercado local y, por lo tanto, genera oportunidades económicas para actores que están dentro y fuera de su cadena de valor. Las empresas también desarrollan obras relacionadas con infraestructura y pagan impuestos que pueden ayudar al fortalecimiento de la economía y el gobierno local. Así pues, las empresas en Colombia pueden contribuir a la paz por medio de su operación en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Realización de inversiones sociales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La inversión social privada hace referencia a la práctica de hacer contribuciones voluntarias, financieras y no financieras, que ayudan a las comunidades locales y a las sociedades más amplias a resolver sus necesidades de desarrollo. Los programas de inversión social suelen concentrarse en temáticas relacionadas con la provisión de bienes y servicios básicos como educación, salud, vivienda, sistemas de vías y acueducto y alcantarillado, entre otros. Las empresas contribuyen a la construcción de paz cuando realizan inversiones sociales a favor de poblaciones o zonas afectadas por el conflicto armado.
¿Por qué las acciones de la dimensión socioeconómica contribuyen a la construcción de paz?
Las líneas de acción descritas son mecanismos por medio de los cuales las empresas pueden contribuir con efectividad a la construcción de paz en Colombia, puesto que promueven transformaciones sociales y económicas que atacan directamente las raíces y los motores del conflicto armado. Con más exactitud, las acciones de la dimensión socioeconómica contribuyen a:
Superar la pobreza extrema y el hambre. La creación de empleo, la mejora en la empleabilidad y el apoyo a emprendimientos productivos han demostrado ser mecanismos efectivos y sostenibles para la superación de la pobreza extrema y el hambre, debido a que generan las habilidades y las capacidades necesarias para que las personas, las comunidades y los pequeños negocios puedan, a mediano plazo, ser capaces de salir adelante por sí mismos, con un grado de dependencia mínimo frente a la ayuda y los subsidios externos.
Reducir las desigualdades sociales. La creación de empleo, la mejora en la empleabilidad y el apoyo a emprendimientos productivos a favor de grupos vulnerables también han probado servir para reducir las desigualdades sociales, pues son vehículos sostenibles de movilidad y ascenso social que favorecen a quienes más lo necesitan.
Consolidar la estructura económica local. La inclusión de grupos vulnerables dentro de la cadena de valor y la operación empresarial en las zonas más afectadas por el conflicto armado son acciones que permiten consolidar las economías locales, dado que generan oportunidades para negocios que ya están establecidos, así como estímulos para que surjan unos nuevos.
Cerrar las brechas socioeconómicas entre municipios y departamentos. La intervención diferenciada de las empresas en las zonas más afectadas por el conflicto armado podría ayudar a cerrar las brechas socioeconómicas que existen entre los municipios y los departamentos del país, pues permitiría que las regiones más atrasadas crecieran más rápido (o al menos no más lento) que los polos de desarrollo que ya están funcionando.
Desestimular actividades económicas ilegales y criminales. Todos tenemos la necesidad y la obligación de conseguir los recursos suficientes para mantener a los nuestros y a nosotros mismos. En países como Colombia, existen economías legales y criminales operando al mismo tiempo –y muchas veces en el mismo espacio–, por eso las personas y los recursos deben decidir cuál es su ubicación más adecuada. Al mejorar el retorno relativo de las actividades económicas legales frente a las ilegales, las acciones de la dimensión socioeconómica promueven la búsqueda de la legalidad o la permanencia en ella, con lo cual se desestimula la existencia de actividades económicas ilegales y/o criminales.
