Empresarios en medio del conflicto
Los empresarios también han vivido y padecido la guerra en Colombia, la cual se volvió tan cotidiana que por muy largo tiempo se hizo costumbre que las compañías contemplaran la existencia del conflicto armado, sus perjuicios y riesgos como variables de obligatoria consideración en sus negocios, así como se tienen en cuenta condiciones financieras, de mercado y logísticas.
Los análisis de riesgo en seguridad se volvieron obligatorios. Muchos negocios y empresas cerraron sus puertas a causa de la violencia, y proyectos promisorios se vieron truncados por las precarias condiciones de seguridad o por amenazas reales a su desarrollo o a las personas responsables de su ejecución.
Estas restricciones del entorno han sido una permanente traba para una adecuada marcha empresarial, cuando menos, porque en muchas ocasiones la inseguridad derivó en muertes de empresarios, ejecutivos y trabajadores, al igual que en secuestros, extorsiones, robos y daños a la infraestructura económica. Los costos ligados a prevención y reparaciones han superado con creces estándares internacionales.
Sin embargo, a pesar de un entorno difícil en términos de seguridad, de las incertidumbres, el empresariado colombiano y las compañías que operan en el territorio nacional han sabido sortear los obstáculos y se han destacado internacionalmente por su capacidad creativa y de adaptación a ambientes difíciles y hostiles.
Otro elemento a tener en cuenta es el constante apoyo a la institucionalidad que el sector empresarial ha mantenido durante largo tiempo al enfrentar los retos y peligros del conflicto armado. Esto ha traído un corolario a nivel fiscal: el pago de tributos destinados a fortalecer la seguridad. Por consiguiente, los gobiernos han creado cargas impositivas orientadas a fortalecer la fuerza pública, y siempre los empresarios han hecho su aporte –se destaca que este ha significado el principal componente de lo recaudado, muy por encima del monto pagado por las personas naturales–. Con diferentes denominaciones, casi siempre en la forma de bonos, los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe –consecutivamente– introdujeron en la tributación cargas que recaían sobre todo en las empresas: bonos de seguridad, para el desarrollo social y la seguridad interna, de paz, de solidaridad e impuesto de seguridad democrática.
Así como ha sucedido en otras partes del mundo, el gasto en seguridad, cuando la guerra termina, se irá transformando y los recursos disponibles migrarán a la financiación del posconflicto. No cabe duda de que un gasto público orientado a construir una sociedad pacífica es mejor que uno cuyo destino sea repeler la violencia. Si los empresarios han estado presentes a la hora de una defensa necesaria del Estado de Derecho, con seguridad lo harán ahora en el momento de construir una sociedad mejor.
En cuanto a la operación de sus actividades productivas y comerciales, las empresas se han regido por la ley y muchas compañías han adherido a pactos y convenios internacionales en materia de seguridad, derechos humanos y buenas prácticas, así como a iniciativas nacionales surgidas del mismo sector privado y sus organizaciones tendientes a una gestión responsable. Códigos de conducta como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos – PRNU, los Principios del Pacto Global, y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos – PVSDH son algunos ejemplos de acuerdos internacionales adoptados por empresas que operan en el país. En el nivel local, la aplicación de estos principios se ha traducido en iniciativas puntuales como el Comité Minero-Energético sobre los PVSDH o las Guías Colombia sobre empresas y derechos humanos.
